El Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula suspendió la lectura del fallo en el juicio contra la exfiscal Francia Sofía Medina Martínez, a la espera de que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resuelva un recurso de amparo presentado por su defensa.
La decisión impide que el Tribunal emita sentencia hasta que la CSJ determine si durante el proceso se vulneraron derechos constitucionales de la acusada.
Las audiencias de debate ya concluyeron y ambas partes evacuaron todos los medios de prueba. A solicitud de la defensa, Medina declaró ante el Tribunal y presentó su versión de los hechos. Tras su intervención, las partes expusieron sus conclusiones finales.
El Ministerio Público y la Procuraduría General de la República solicitaron una condena por los delitos de lavado de activos y falsificación ideológica. También atribuyen a la exfiscal responsabilidad en 45 delitos vinculados a falsificación de documentos públicos, sustracción y destrucción de información privilegiada, así como uso de documentos falsos.
Según ambas instituciones, las acciones imputadas afectan la administración pública, el orden socioeconómico y la fe del Estado. En contraste, la defensa técnica legal pidió la nulidad de pruebas clave —incluidos dictámenes de documentología, análisis financiero y patrimonial, y videos forenses—, además de la absolución total de Medina y su inmediata libertad.
La investigación inició tras el decomiso de 63,000 dólares a una paleontóloga. Aunque se demostró el origen lícito del dinero, al intentar retirarlo del Banco Central de Honduras (BCH) se constató que la evidencia ya había sido entregada a funcionarios del Ministerio Público.
Las autoridades determinaron que, desde 2021, Medina realizó al menos 38 retiros de dinero decomisado, por un monto total de 88 millones de lempiras. Fue detenida en noviembre de 2023 y enfrenta cargos por lavado de activos, falsificación ideológica y delitos relacionados con documentación en custodia.
El recurso de amparo, regulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional, busca proteger derechos fundamentales presuntamente vulnerados durante un proceso penal. Si la Sala de lo Constitucional determinara que la acusada tenía razón, cualquier sentencia dictada antes de la resolución sería nula. Por ello, el Tribunal de Sentencia debe esperar el fallo constitucional antes de emitir una decisión definitiva.
El Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula suspendió la lectura del fallo en el juicio contra la exfiscal Francia Sofía Medina Martínez, a la espera de que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resuelva un recurso de amparo presentado por su defensa.
La decisión impide que el Tribunal emita sentencia hasta que la CSJ determine si durante el proceso se vulneraron derechos constitucionales de la acusada.
Las audiencias de debate ya concluyeron y ambas partes evacuaron todos los medios de prueba. A solicitud de la defensa, Medina declaró ante el Tribunal y presentó su versión de los hechos. Tras su intervención, las partes expusieron sus conclusiones finales.
El Ministerio Público y la Procuraduría General de la República solicitaron una condena por los delitos de lavado de activos y falsificación ideológica. También atribuyen a la exfiscal responsabilidad en 45 delitos vinculados a falsificación de documentos públicos, sustracción y destrucción de información privilegiada, así como uso de documentos falsos.
Según ambas instituciones, las acciones imputadas afectan la administración pública, el orden socioeconómico y la fe del Estado. En contraste, la defensa técnica legal pidió la nulidad de pruebas clave —incluidos dictámenes de documentología, análisis financiero y patrimonial, y videos forenses—, además de la absolución total de Medina y su inmediata libertad.
La investigación inició tras el decomiso de 63,000 dólares a una paleontóloga. Aunque se demostró el origen lícito del dinero, al intentar retirarlo del Banco Central de Honduras (BCH) se constató que la evidencia ya había sido entregada a funcionarios del Ministerio Público.
Las autoridades determinaron que, desde 2021, Medina realizó al menos 38 retiros de dinero decomisado, por un monto total de 88 millones de lempiras. Fue detenida en noviembre de 2023 y enfrenta cargos por lavado de activos, falsificación ideológica y delitos relacionados con documentación en custodia.
El recurso de amparo, regulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional, busca proteger derechos fundamentales presuntamente vulnerados durante un proceso penal. Si la Sala de lo Constitucional determinara que la acusada tenía razón, cualquier sentencia dictada antes de la resolución sería nula. Por ello, el Tribunal de Sentencia debe esperar el fallo constitucional antes de emitir una decisión definitiva.
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