La Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología (Senacit), dirigida por el ministro Luther Castillo Harry, adjudicó la compra de 496 laptops por un monto total de 12.5 millones de lempiras a la empresa Dicomarca, dedicada principalmente a la construcción y sin experiencia comprobada en tecnología.

El proceso de licitación pública nacional LPN-IHCIETI-FC-004-2025 fue objeto de un informe de la Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción (STLCC), que señala irregularidades en la adjudicación. Según el documento, Dicomarca presentó la segunda oferta más alta, mientras que la oferta más baja rondaba los 6.5 millones de lempiras, menos de la mitad del monto adjudicado.

Senacit justificó la elección basándose en la supuesta urgencia de la entrega, ya que la empresa ganadora se comprometió a entregar los equipos en 20 días, mientras que las otras participantes proponían plazos de 60 días. Sin embargo, el informe de Transparencia indica que el plazo de entrega no era un criterio oficial de evaluación y que la urgencia no fue debidamente documentada ni justificada.

El análisis de la Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI) detectó varias deficiencias en el proceso, entre ellas un estudio de mercado insuficiente, una demanda inflada sin respaldo técnico, la participación de una empresa sin experiencia en el rubro tecnológico, la falta de justificación normativa para el plazo de entrega, una comisión evaluadora incompleta y fallas en el control interno. Estas situaciones podrían constituir violaciones a la Ley de Contratación del Estado, la Ley de Presupuesto y el Código de Ética del Servidor Público.

El diputado José Manuel Matheu cuestionó la compra, argumentando que no había necesidad de pagar seis millones de lempiras más por una entrega anticipada y criticó la adjudicación a una empresa sin experiencia en tecnología. Por su parte, Juan Carlos Aguilar, director de Transparencia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), solicitó que el caso sea investigado por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y el Ministerio Público para determinar si existieron irregularidades o delitos como favoritismo o colusión.

El ministro Luther Castillo rechazó las acusaciones mediante un comunicado en el que calificó las denuncias como “falsas y tendenciosas”, y afirmó que la decisión respondió a experiencias previas donde el incumplimiento en los tiempos de entrega afectó a centros educativos y comunidades que esperaban estos equipos. No obstante, el informe técnico de Transparencia sostiene que la urgencia alegada no fue debidamente fundamentada.

La Secretaría de Transparencia recomendó remitir el expediente al TSC para evaluar posibles responsabilidades administrativas, civiles o penales y fortalecer los mecanismos de control en los procesos de adquisición pública.

Este caso se suma a denuncias anteriores sobre irregularidades en el manejo de recursos públicos y genera interrogantes sobre la transparencia y eficiencia en las contrataciones realizadas por el gobierno actual. El Tribunal Superior de Cuentas será el órgano encargado de esclarecer el caso.

(Proceso Digital)