La reciente reforma al artículo 44 de la Ley de Tarjetas de Crédito ha encendido las alarmas entre emprendedores, repartidores y expertos en economía digital, quienes advierten que la medida representa un serio obstáculo para el crecimiento del comercio electrónico en Honduras.

El nuevo texto legal —aprobado por el Congreso Nacional— obliga a que toda transacción con tarjeta de crédito o débito se realice “a la vista y en presencia del tarjetahabiente”, incluyendo la verificación de identidad y la obtención de una firma al momento del pago. Aunque aún se espera la reglamentación oficial, el principio establecido en la reforma limita el uso de mecanismos remotos y plantea incertidumbre sobre la viabilidad de los pagos no presenciales.

Esto, en términos prácticos, compromete la continuidad de muchas operaciones de comercio electrónico, al dificultar procesos que requieren inmediatez y validación digital segura.

Deliverys y emprendedores, los más afectados

Los sectores más golpeados serían los pequeños negocios que operan por redes sociales, los servicios de entrega a domicilio y los trabajadores de plataformas tecnológicas. Muchos de ellos dependen casi exclusivamente de los pagos electrónicos para mantener sus operaciones y conectar con su clientela.

La medida también perjudicaría a los usuarios de las distintas plataformas para abastecerse de alimentos, hacer compras de supermercado y hasta a pacientes convalecientes y adultos mayores, quienes tendrían que desplazarse hasta las farmacias para adquirir sus medicamentos, advirtieron analistas, lo que genera una barrera adicional para sectores vulnerables.

Un retroceso para la economía digital

La Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias (AHIBA) expresó su preocupación. En un comunicado, advirtió que la reforma “bloquea” los pagos en línea y afecta directamente a los consumidores y a miles de pequeñas empresas. Según la entidad, esta modificación pone en riesgo la sostenibilidad de negocios que operan en la economía digital y representa un retroceso en el proceso de modernización financiera del país.

Expertos en el sector financiero coinciden en que la disposición es ambigua y genera un vacío legal sobre cómo validar los pagos digitales. Advierten que el requerimiento de una presencia física podría chocar con el principio de transacciones virtuales, y que el vacío reglamentario podría paralizar buena parte del comercio en línea, especialmente en sectores informales o sin infraestructura bancaria avanzada.

Mipymes en la cuerda floja

El impacto es especialmente crítico para las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) que comercializan productos sin contar con una tienda física. Muchas de ellas utilizan enlaces de pago, pasarelas digitales y redes sociales para cerrar ventas de forma eficiente.

“Esta reforma, tal como está planteada, desconoce la realidad del comercio digital hondureño y las necesidades de los consumidores modernos”, señaló un consultor independiente en transformación digital. Agregó que sin mecanismos técnicos claros y adaptados al entorno nacional, se corre el riesgo de desarticular una red de servicios que incluye desde entregas de comida y transporte hasta el acceso a medicamentos para adultos mayores.

En espera del reglamento

Aunque el Congreso Nacional y la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) han asegurado que las compras en línea no están prohibidas, la reforma obliga a esta última a definir los mecanismos seguros para validar dichas transacciones.

Mientras ese reglamento no entre en vigor, la interpretación dominante es que toda operación debe realizarse bajo supervisión presencial, lo que limita seriamente el uso de tarjetas en entornos digitales. Expertos señalan que este enfoque, de no ser corregido o aclarado, podría generar pérdida de empleos, reducción de ingresos en sectores emergentes y una regresión en los avances logrados en inclusión financiera.

(Vox Populi HN)