PGR creará manual obligatorio para regular despidos y reducir demandas laborales
El Procuraduría General de la República anunció la creación de un manual de cumplimiento obligatorio para regular los despidos en las instituciones estatales, con el objetivo de mitigar la proliferación de demandas laborales contra el Estado hondureño.
El procurador general, Dagoberto Aspra, explicó que la normativa establecerá un procedimiento riguroso para las desvinculaciones, a fin de evitar ceses ejecutados de forma incorrecta. “Va a haber un proceso definido”, afirmó, al señalar que la falta de lineamientos ha derivado en fallos judiciales adversos.
Aspra detalló que el Estado enfrenta un “daño emergente” de L 1,900 millones, de los cuales L 1,200 millones ya fueron pagados mediante embargos a cuentas estatales. Indicó que muchas de estas resoluciones están vinculadas a instituciones como Sedesol y Hondutel.
En ese contexto, la Procuraduría iniciará acciones legales para identificar posibles negligencias o conductas dolosas de funcionarios responsables, con el fin de “repetir contra ellos” y recuperar los fondos públicos desembolsados por concepto de indemnizaciones.
El funcionario reiteró que se evaluará caso por caso para determinar responsabilidades directas y resarcir el daño económico causado al Estado. “Vamos a identificar si hubo error o dolo para poder repetir contra quienes corresponda”, subrayó.
Según precisó, el manual se basará en el Código del Trabajo y su incumplimiento generará responsabilidad directa para las autoridades que autoricen o ejecuten despidos al margen del procedimiento establecido.
El Procuraduría General de la República anunció la creación de un manual de cumplimiento obligatorio para regular los despidos en las instituciones estatales, con el objetivo de mitigar la proliferación de demandas laborales contra el Estado hondureño.
El procurador general, Dagoberto Aspra, explicó que la normativa establecerá un procedimiento riguroso para las desvinculaciones, a fin de evitar ceses ejecutados de forma incorrecta. “Va a haber un proceso definido”, afirmó, al señalar que la falta de lineamientos ha derivado en fallos judiciales adversos.
Aspra detalló que el Estado enfrenta un “daño emergente” de L 1,900 millones, de los cuales L 1,200 millones ya fueron pagados mediante embargos a cuentas estatales. Indicó que muchas de estas resoluciones están vinculadas a instituciones como Sedesol y Hondutel.
En ese contexto, la Procuraduría iniciará acciones legales para identificar posibles negligencias o conductas dolosas de funcionarios responsables, con el fin de “repetir contra ellos” y recuperar los fondos públicos desembolsados por concepto de indemnizaciones.
El funcionario reiteró que se evaluará caso por caso para determinar responsabilidades directas y resarcir el daño económico causado al Estado. “Vamos a identificar si hubo error o dolo para poder repetir contra quienes corresponda”, subrayó.
Según precisó, el manual se basará en el Código del Trabajo y su incumplimiento generará responsabilidad directa para las autoridades que autoricen o ejecuten despidos al margen del procedimiento establecido.