La ministra de Derechos Humanos, Leda García, denunció que durante los últimos cuatro años una sola familia habría recibido un apoyo económico superior a L300,000 mensuales a través del Sistema Nacional de Protección administrado por esa secretaría durante el gobierno anterior.
En declaraciones a radio América Multimedios, la funcionaria explicó que debido a los protocolos de confidencialidad del sistema no puede revelar detalles específicos sobre los beneficiarios, pero aseguró que se revisarán las asignaciones para verificar que no existan abusos en el uso de los recursos.
“En los últimos cuatro años una sola familia recibía un apoyo por parte del sistema de protección de más de 300 mil lempiras mensuales y creo que con eso podríamos proteger a muchas familias que quizás no gozan de una afinidad política y que tienen el derecho de ser garantizada su protección y su seguridad”, expresó García.
Señalamientos sobre el uso de recursos
La titular de la Secretaría de Derechos Humanos (SEDH) indicó que varias familias habrían recibido beneficios que incluían no solo apoyo económico, sino también becas de estudio, vehículos blindados y medidas de protección otorgadas por periodos prolongados.
Según señaló, el sistema habría manejado montos aproximados de L18 millones mensuales, con asignaciones que en algunos casos oscilarían entre L300,000 y L360,000 para determinados beneficiarios.
García sostuvo que su administración revisará estos casos para verificar que los recursos públicos hayan sido utilizados correctamente y que no existan irregularidades en la asignación de las medidas de protección.
Exministra rechaza acusaciones
Las declaraciones fueron rechazadas por la exministra de Derechos Humanos, Angélica Álvarez, quien calificó de falsas las afirmaciones y pidió a la actual titular de la institución informarse antes de emitir este tipo de señalamientos.
Álvarez aseguró que el Sistema Nacional de Protección cuenta con un presupuesto aproximado de L20 millones anuales y atiende más de 1,200 casos activos, algunos con medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“Es totalmente falso que se gastaban 18 millones mensuales o que una familia recibía más de 300 mil mensuales”, afirmó la exfuncionaria.
Asimismo, señaló que las medidas de protección no se asignan directamente desde el despacho ministerial, sino que son aprobadas por un consejo integrado por varias instituciones del Estado, representantes de sociedad civil y comités técnicos establecidos por ley.
Evaluarán funcionamiento del sistema
Por su parte, García anunció que se realizará un diagnóstico del Sistema Nacional de Protección con el acompañamiento de organismos internacionales, entre ellos operadores de Naciones Unidas y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
El objetivo —según indicó— es analizar el funcionamiento del mecanismo, identificar debilidades y mejorar el uso de los recursos para garantizar la protección de defensores de derechos humanos, periodistas y comunicadores sociales.
La ministra de Derechos Humanos, Leda García, denunció que durante los últimos cuatro años una sola familia habría recibido un apoyo económico superior a L300,000 mensuales a través del Sistema Nacional de Protección administrado por esa secretaría durante el gobierno anterior.
En declaraciones a radio América Multimedios, la funcionaria explicó que debido a los protocolos de confidencialidad del sistema no puede revelar detalles específicos sobre los beneficiarios, pero aseguró que se revisarán las asignaciones para verificar que no existan abusos en el uso de los recursos.
“En los últimos cuatro años una sola familia recibía un apoyo por parte del sistema de protección de más de 300 mil lempiras mensuales y creo que con eso podríamos proteger a muchas familias que quizás no gozan de una afinidad política y que tienen el derecho de ser garantizada su protección y su seguridad”, expresó García.
Señalamientos sobre el uso de recursos
La titular de la Secretaría de Derechos Humanos (SEDH) indicó que varias familias habrían recibido beneficios que incluían no solo apoyo económico, sino también becas de estudio, vehículos blindados y medidas de protección otorgadas por periodos prolongados.
Según señaló, el sistema habría manejado montos aproximados de L18 millones mensuales, con asignaciones que en algunos casos oscilarían entre L300,000 y L360,000 para determinados beneficiarios.
García sostuvo que su administración revisará estos casos para verificar que los recursos públicos hayan sido utilizados correctamente y que no existan irregularidades en la asignación de las medidas de protección.
Exministra rechaza acusaciones
Las declaraciones fueron rechazadas por la exministra de Derechos Humanos, Angélica Álvarez, quien calificó de falsas las afirmaciones y pidió a la actual titular de la institución informarse antes de emitir este tipo de señalamientos.
Álvarez aseguró que el Sistema Nacional de Protección cuenta con un presupuesto aproximado de L20 millones anuales y atiende más de 1,200 casos activos, algunos con medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“Es totalmente falso que se gastaban 18 millones mensuales o que una familia recibía más de 300 mil mensuales”, afirmó la exfuncionaria.
Asimismo, señaló que las medidas de protección no se asignan directamente desde el despacho ministerial, sino que son aprobadas por un consejo integrado por varias instituciones del Estado, representantes de sociedad civil y comités técnicos establecidos por ley.
Evaluarán funcionamiento del sistema
Por su parte, García anunció que se realizará un diagnóstico del Sistema Nacional de Protección con el acompañamiento de organismos internacionales, entre ellos operadores de Naciones Unidas y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
El objetivo —según indicó— es analizar el funcionamiento del mecanismo, identificar debilidades y mejorar el uso de los recursos para garantizar la protección de defensores de derechos humanos, periodistas y comunicadores sociales.
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