El consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, presentó este lunes ante el Ministerio Público (MP) dos denuncias penales por delitos electorales por la publicación de una enmienda a los pliegos del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).
Los delitos son “prevaricato administrativo y usurpación de funciones por la publicación de una enmienda a los pliegos del TREP (para usar sistema del fraude 2013 y 2017 de David Matamoros), sin convocatoria al Pleno de Consejeros, y por violar la Ley Electoral de Honduras al aprobar un sistema de verificación de resultados con intromisión humana, no prevista”, expresó Ochoa a través de su cuenta oficial en X.
Cabe recordar que Ochoa realizó el día de ayer una fuerte denuncia tras revelar que el TREP propuesto por las consejeras Ana Paola Hall y Cossette López estaría diseñado para repetir el esquema de fraude electoral que marcó los comicios de 2013 y 2017.
“A las consejeras frente a sus publicaciones en redes sociales les digo, tal como les dije, de forma presencial hace unos minutos, el pueblo hondureño no aceptará un nuevo fraude electoral como el de 2013 y el de 2017”, afirmó Ochoa.
El sistema propuesto por las consejeras replica las mismas irregularidades de los procesos electorales de 2013 y 2017, ambos controlados por el bipartidismo. En esos comicios, miles de votos provenientes de zonas rurales fueron alterados o desestimados, generando un fraude.
La imposición del nuevo TREP permitiría que militantes de los partidos tradicionales —Partido Nacional y Partido Liberal— decidan, frente a una computadora en Tegucigalpa, qué actas se publican y cuáles no. Esta etapa no está contemplada en la Ley Electoral de Honduras y constituye una intromisión ilegal que vulnera el principio de soberanía popular.
Ante ello, Ochoa subrayó: “He propuesto para enmendar esta situación y lograr retomar el curso del proceso electoral en unidad, en consenso que se enmienden los pliegos de condiciones para armonizarlos y para que sean coherentes con la ley electoral”.
Artículos claves de la Ley Electoral, como el 21 numeral 3 literal H, el 278 y el 283, establecen que los resultados deben ser divulgados de forma inmediata y sin interferencias. Sin embargo, el sistema planteado introduce pasos paralelos que abren las puertas al fraude y violan el marco legal e institucional del país.
“En ninguna parte de la ley le otorgan facultades al Consejo Nacional Electoral y mucho menos a funcionarios nacionalistas y liberales que pretenden poner acá mediante una intromisión humana. En ninguna parte de la ley le da facultades para que decida qué acta se divulga y qué acta no. Esto es un paso completamente ilegal”, recalcó el consejero Ochoa.
Es oportuno señalar que el prevaricato administrativo se comete cuando un funcionario dicta resoluciones sabiendo que son ilegales. Está regulado en el artículo 498 del Código Penal y se castiga con cinco a diez años de prisión e inhabilitación.
Relacionado a este abuso, la usurpación de funciones contemplado en el artículo 520, señala que ocurre cuando alguien asume atribuciones públicas sin estar autorizado. La pena va de tres a seis años de prisión.
La denuncia también hace un llamado urgente a retomar el diálogo y aprobar un sistema de transmisión y divulgación que respete el marco legal y sea adoptado por consenso del pleno del CNE.
“Yo no cesaré de denunciar lo que aquí está ocurriendo y tengo certezas que el pueblo no dejará imponerse un fraude electoral como el de 2013 y 2017”, reiteró Ochoa.
El consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, presentó este lunes ante el Ministerio Público (MP) dos denuncias penales por delitos electorales por la publicación de una enmienda a los pliegos del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).
Los delitos son “prevaricato administrativo y usurpación de funciones por la publicación de una enmienda a los pliegos del TREP (para usar sistema del fraude 2013 y 2017 de David Matamoros), sin convocatoria al Pleno de Consejeros, y por violar la Ley Electoral de Honduras al aprobar un sistema de verificación de resultados con intromisión humana, no prevista”, expresó Ochoa a través de su cuenta oficial en X.
Cabe recordar que Ochoa realizó el día de ayer una fuerte denuncia tras revelar que el TREP propuesto por las consejeras Ana Paola Hall y Cossette López estaría diseñado para repetir el esquema de fraude electoral que marcó los comicios de 2013 y 2017.
“A las consejeras frente a sus publicaciones en redes sociales les digo, tal como les dije, de forma presencial hace unos minutos, el pueblo hondureño no aceptará un nuevo fraude electoral como el de 2013 y el de 2017”, afirmó Ochoa.
El sistema propuesto por las consejeras replica las mismas irregularidades de los procesos electorales de 2013 y 2017, ambos controlados por el bipartidismo. En esos comicios, miles de votos provenientes de zonas rurales fueron alterados o desestimados, generando un fraude.
La imposición del nuevo TREP permitiría que militantes de los partidos tradicionales —Partido Nacional y Partido Liberal— decidan, frente a una computadora en Tegucigalpa, qué actas se publican y cuáles no. Esta etapa no está contemplada en la Ley Electoral de Honduras y constituye una intromisión ilegal que vulnera el principio de soberanía popular.
Ante ello, Ochoa subrayó: “He propuesto para enmendar esta situación y lograr retomar el curso del proceso electoral en unidad, en consenso que se enmienden los pliegos de condiciones para armonizarlos y para que sean coherentes con la ley electoral”.
Artículos claves de la Ley Electoral, como el 21 numeral 3 literal H, el 278 y el 283, establecen que los resultados deben ser divulgados de forma inmediata y sin interferencias. Sin embargo, el sistema planteado introduce pasos paralelos que abren las puertas al fraude y violan el marco legal e institucional del país.
“En ninguna parte de la ley le otorgan facultades al Consejo Nacional Electoral y mucho menos a funcionarios nacionalistas y liberales que pretenden poner acá mediante una intromisión humana. En ninguna parte de la ley le da facultades para que decida qué acta se divulga y qué acta no. Esto es un paso completamente ilegal”, recalcó el consejero Ochoa.
Es oportuno señalar que el prevaricato administrativo se comete cuando un funcionario dicta resoluciones sabiendo que son ilegales. Está regulado en el artículo 498 del Código Penal y se castiga con cinco a diez años de prisión e inhabilitación.
Relacionado a este abuso, la usurpación de funciones contemplado en el artículo 520, señala que ocurre cuando alguien asume atribuciones públicas sin estar autorizado. La pena va de tres a seis años de prisión.
La denuncia también hace un llamado urgente a retomar el diálogo y aprobar un sistema de transmisión y divulgación que respete el marco legal y sea adoptado por consenso del pleno del CNE.
“Yo no cesaré de denunciar lo que aquí está ocurriendo y tengo certezas que el pueblo no dejará imponerse un fraude electoral como el de 2013 y 2017”, reiteró Ochoa.
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