El gobierno de Honduras extendió por 45 días más la vigencia del estado de excepción mediante el decreto ejecutivo PCM-24-2025, sumando así 984 días continuos desde que fue decretado por primera vez el 6 de diciembre de 2022, se trata de la cuadragésima tercera prórroga de la medida impulsada por la administración de la presidenta Xiomara Castro.

El estado de excepción aplica actualmente en 226 municipios del país con el propósito de combatir la criminalidad vinculada a estructuras del crimen organizado, no obstante, su efectividad ha sido cuestionada debido a que delitos como los homicidios y la extorsión, conocida como “impuesto de guerra”, continúan afectando a la población.

De acuerdo con la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), la extorsión registró un incremento del 11.6 % durante 2024, impactando a más de 304,000 hogares. Según Nelson Castañeda, director de Seguridad y Justicia de esa organización, los grupos criminales logran obtener hasta 20 millones de lempiras anuales a través de este delito.

A las dudas sobre la eficacia de la medida se suman cuestionamientos legales, las prórrogas del estado de excepción no han sido ratificadas ni improbadas por el Congreso Nacional, como lo establece el artículo 187 de la Constitución, lo que motivó a la ASJ a interponer un recurso de inconstitucionalidad en febrero pasado, a seis meses, el Poder Judicial no ha resuelto dicha acción.

Además, organismos de derechos humanos han advertido sobre posibles abusos durante la aplicación de la medida, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) reportó más de 800 denuncias entre diciembre de 2022 y mayo de este año relacionadas con actuaciones de los cuerpos de seguridad.

(El Heraldo)