Fiscalía mantiene congelados pagos del CNE por investigación penal
Una investigación penal dirigida por la Fiscalía mantiene congelados los pagos que el Consejo Nacional Electoral (CNE) debe realizar a proveedores de servicios que participaron en las elecciones primarias del 9 de marzo. El Ministerio Público (MP), a través de la ATIC, decomisó los expedientes originales de varios contratos, lo que ha impedido dar continuidad al proceso administrativo.
Entre los contratos afectados están los referentes al transporte de material electoral y la impresión de papeletas. Las autoridades del CNE advirtieron que los consejeros podrían enfrentar consecuencias civiles y penales si autorizan pagos sin respaldo documental, razón por la cual remitieron una carta al fiscal general Johel Zelaya solicitando una respuesta oficial sobre cómo proceder.
La carta enumera tres procesos de contratación, entre ellos el más voluminoso: CNE-PEP-UCCE-010-2025, adjudicado a diez empresas y compuesto por nueve tomos con documentos técnicos, legales y financieros. A pesar de que los servicios fueron prestados, el CNE no puede ejecutar las garantías ni avanzar con los desembolsos.
El equipo legal del CNE recomendó cumplir los contratos, aplicar las cláusulas penales por retrasos y pagar únicamente por servicios efectivamente ejecutados. En el caso del transporte electoral, se reportó cumplimiento en 16 de los 18 departamentos, y en lo relativo a la impresión, algunas imprentas sí cumplieron con lo estipulado.
El dictamen jurídico advirtió que, de no pagar a los contratistas, el CNE se expone a demandas por daños y perjuicios. También alertó que la situación podría ahuyentar a futuros proveedores y poner en riesgo la organización de las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025.
Hasta ahora, el MP no ha emitido ninguna respuesta formal. La falta de resolución mantiene paralizada la operatividad financiera del ente electoral y alimenta la incertidumbre sobre los próximos procesos democráticos en el país.
Una investigación penal dirigida por la Fiscalía mantiene congelados los pagos que el Consejo Nacional Electoral (CNE) debe realizar a proveedores de servicios que participaron en las elecciones primarias del 9 de marzo. El Ministerio Público (MP), a través de la ATIC, decomisó los expedientes originales de varios contratos, lo que ha impedido dar continuidad al proceso administrativo.
Entre los contratos afectados están los referentes al transporte de material electoral y la impresión de papeletas. Las autoridades del CNE advirtieron que los consejeros podrían enfrentar consecuencias civiles y penales si autorizan pagos sin respaldo documental, razón por la cual remitieron una carta al fiscal general Johel Zelaya solicitando una respuesta oficial sobre cómo proceder.
La carta enumera tres procesos de contratación, entre ellos el más voluminoso: CNE-PEP-UCCE-010-2025, adjudicado a diez empresas y compuesto por nueve tomos con documentos técnicos, legales y financieros. A pesar de que los servicios fueron prestados, el CNE no puede ejecutar las garantías ni avanzar con los desembolsos.
El equipo legal del CNE recomendó cumplir los contratos, aplicar las cláusulas penales por retrasos y pagar únicamente por servicios efectivamente ejecutados. En el caso del transporte electoral, se reportó cumplimiento en 16 de los 18 departamentos, y en lo relativo a la impresión, algunas imprentas sí cumplieron con lo estipulado.
El dictamen jurídico advirtió que, de no pagar a los contratistas, el CNE se expone a demandas por daños y perjuicios. También alertó que la situación podría ahuyentar a futuros proveedores y poner en riesgo la organización de las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025.
Hasta ahora, el MP no ha emitido ninguna respuesta formal. La falta de resolución mantiene paralizada la operatividad financiera del ente electoral y alimenta la incertidumbre sobre los próximos procesos democráticos en el país.
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