Fiscalía acusa a exfuncionarios de Salud por millonario desfalco en hospitales públicos
Una red de corrupción que operó durante más de seis años en el sistema sanitario hondureño está bajo la lupa del Ministerio Público (MP), que presentó un requerimiento fiscal contra exdirectores y exadministradores de hospitales por su presunta participación en fraudes que ocasionaron pérdidas superiores a los 77.9 millones de lempiras.
Los hechos ocurrieron entre 2009 y 2014 en centros asistenciales de San Lorenzo, Roatán, Choluteca, Olanchito y La Ceiba.
De acuerdo con la acusación, los funcionarios facilitaron contratos fraudulentos con empresas fantasmas como Quimtec, Lofarma y Dicomer, mediante procesos amañados de licitación, compras y contrataciones públicas, el MP señala que estas compañías fueron utilizadas para desviar fondos mediante entregas incompletas o inexistentes de insumos y equipos médicos, todo bajo la complicidad de los encargados institucionales.
Entre los involucrados destacan Óscar Antonio Anariva Cruz, Emérita Donina Matamoros Ramírez y José Adolfo Ortega Hernández, quienes firmaron acuerdos sin respaldo legal, omitieron aplicar sanciones por retrasos y permitieron la continuidad de contratos pese al reiterado incumplimiento. "El daño no solo fue económico, también se comprometió la calidad y oportunidad en la atención médica", advirtió el ente acusador.
La investigación detalla que se realizaron 208 licitaciones y compras menores orientadas al desvío de recursos, los responsables también manipularon documentos y omitieron sanciones por incumplimientos, lo que dejó sin consecuencias los atrasos y permitió que las empresas operaran con total impunidad, la falta de controles y fiscalización presupuestaria dejó expuesta la debilidad institucional en el manejo de fondos públicos del sector salud.
Este esquema de corrupción tuvo un impacto directo en los servicios hospitalarios, especialmente en las comunidades más vulnerables, muchos centros no pudieron atender emergencias ni abastecerse con los insumos mínimos, las autoridades han solicitado órdenes de captura para los implicados, tanto funcionarios como empresarios, mientras continúan las diligencias judiciales en torno al caso.
Una red de corrupción que operó durante más de seis años en el sistema sanitario hondureño está bajo la lupa del Ministerio Público (MP), que presentó un requerimiento fiscal contra exdirectores y exadministradores de hospitales por su presunta participación en fraudes que ocasionaron pérdidas superiores a los 77.9 millones de lempiras.
Los hechos ocurrieron entre 2009 y 2014 en centros asistenciales de San Lorenzo, Roatán, Choluteca, Olanchito y La Ceiba.
De acuerdo con la acusación, los funcionarios facilitaron contratos fraudulentos con empresas fantasmas como Quimtec, Lofarma y Dicomer, mediante procesos amañados de licitación, compras y contrataciones públicas, el MP señala que estas compañías fueron utilizadas para desviar fondos mediante entregas incompletas o inexistentes de insumos y equipos médicos, todo bajo la complicidad de los encargados institucionales.
Entre los involucrados destacan Óscar Antonio Anariva Cruz, Emérita Donina Matamoros Ramírez y José Adolfo Ortega Hernández, quienes firmaron acuerdos sin respaldo legal, omitieron aplicar sanciones por retrasos y permitieron la continuidad de contratos pese al reiterado incumplimiento. "El daño no solo fue económico, también se comprometió la calidad y oportunidad en la atención médica", advirtió el ente acusador.
La investigación detalla que se realizaron 208 licitaciones y compras menores orientadas al desvío de recursos, los responsables también manipularon documentos y omitieron sanciones por incumplimientos, lo que dejó sin consecuencias los atrasos y permitió que las empresas operaran con total impunidad, la falta de controles y fiscalización presupuestaria dejó expuesta la debilidad institucional en el manejo de fondos públicos del sector salud.
Este esquema de corrupción tuvo un impacto directo en los servicios hospitalarios, especialmente en las comunidades más vulnerables, muchos centros no pudieron atender emergencias ni abastecerse con los insumos mínimos, las autoridades han solicitado órdenes de captura para los implicados, tanto funcionarios como empresarios, mientras continúan las diligencias judiciales en torno al caso.
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