La Red Hondureña de Educación Financiera (REHEF) urgió al Congreso Nacional a aprobar una ley que regule los préstamos informales, ante el aumento de denuncias por cobros abusivos, amenazas y prácticas de usura que afectan a miles de hondureños excluidos del sistema financiero formal.

Lo que comenzó como una ayuda
Miriam, madre soltera de Comayagüela, pidió 2,000 lempiras a un prestamista del barrio para comprar medicinas, ya que en el hospital público no había atención adecuada para su hijo. La condición era devolver 2,400 en una semana, pero al no poder pagar a tiempo, la deuda subió a 3,500 y luego a 5,000 lempiras. “Me mandaban fotos de mi casa, de mis hijos. Tuve que salir huyendo”, contó entre lágrimas.

Casos como el de Miriam se repiten en barrios marginales, terminales de buses, mercados populares y hasta oficinas del Estado, donde el acceso al crédito formal es casi inexistente. Para miles, la única opción son prestamistas informales que no piden papeles, pero sí cobran intereses desproporcionados y ejercen presión mediante el miedo.

Deuda bajo amenaza
Mario, vendedor de dulces en una terminal de Comayagüela, aceptó un préstamo de 3,000 lempiras con la condición de devolver 3,600 en pocos días. Sin embargo, las lluvias afectaron sus ventas y apenas recuperó 1,000. La deuda subió a 5,000 y luego a 7,000 lempiras. “Uno de ellos me dijo que si no pagaba podía salir del puesto… pero no por mis propios pies”, relató con nerviosismo. Temiendo represalias, abandonó su puesto por semanas. Hoy vende de forma ambulante y paga cuotas solo para “que no lo busquen más”.

La REHEF ha identificado tasas de hasta un 20% semanal o más del 5% diario, lo que constituye —según la organización— prácticas de usura. “Lo más grave es que muchas veces se impone mediante amenazas, intimidación o coacción. Estamos ante un problema que no es solo económico, sino de derechos humanos”, señala en un comunicado.

Una ley paralizada
El anteproyecto de ley que busca frenar estos abusos fue presentado en agosto de 2024 por el diputado José Tomás Zambrano, pero hasta ahora no ha sido discutido en el Congreso Nacional. La propuesta establece que ningún interés puede superar la tasa bancaria máxima más un 6% adicional, exige que los prestamistas no bancarios se registren ante el Banco Central de Honduras y contempla sanciones penales para quienes operen fuera del marco legal.

“Este es un paso vital para proteger a los sectores más vulnerables. No estamos en contra del crédito alternativo, pero sí de los abusos. La ley impone transparencia, registro obligatorio y sanciones reales para quienes se lucran del desespero ajeno”, sostiene la REHEF.

Préstamos dentro del Estado
Luis, comerciante del mercado Zonal Belén, solicitó 10,000 lempiras tras ser víctima de un robo. En tres meses ya debía más de 25,000 lempiras y era hostigado diariamente por cobradores frente a sus clientes. “Tuve que cerrar el puesto. No podía trabajar bajo amenaza”, relató.

Ana, enfermera en un hospital público, denunció que algunos empleados prestan dinero a colegas con un interés del 10% quincenal. “Si no pagás, te dejan mal con los jefes o te bloquean traslados”, afirmó. El anteproyecto contempla que esta práctica sea causal de despido si se demuestra que se realiza dentro de una institución pública.

Silencio legislativo
A pesar del respaldo técnico y la urgencia social, el Congreso no ha mostrado intención de avanzar con la ley. Para la REHEF, hay falta de voluntad política, presión de intereses informales y un desconocimiento profundo de la magnitud del problema. “La indiferencia institucional es parte del problema. Legisladores hablan de crecimiento económico, pero ignoran que miles de hondureños viven endeudados con estructuras que bordean lo criminal”, advirtieron.

La organización insiste en que la solución no pasa únicamente por la regulación legal, sino también por educación financiera e inclusión bancaria. “La ley es necesaria, pero no suficiente. Debemos ofrecer microcréditos responsables, cooperativas reguladas y programas educativos que enseñen a las personas a distinguir cuándo un préstamo es ayuda y cuándo es una condena”, concluyeron.

(La Tribuna)