La Audiencia Nacional ha decidido prorrogar por un mes más el secreto de sumario en la investigación sobre el apagón masivo del 28 de abril que afectó a millones de personas en la península ibérica. El juez José Luis Calama, encargado del caso, ya cuenta con los informes clave de Red Eléctrica y del Centro Criptológico Nacional, pero aún no se descarta la hipótesis de un sabotaje informático.
Las diligencias siguen bajo reserva judicial ante la posibilidad de que el corte de energía haya sido provocado por un acto de ciberterrorismo que afectó infraestructuras críticas del país. La investigación se ampara en el artículo 573 del Código Penal, que tipifica como terrorismo los delitos informáticos que busquen desestabilizar el orden constitucional o interrumpir servicios esenciales.
Aunque Red Eléctrica ha descartado hasta ahora un ciberataque a sus sistemas, el magistrado Calama decidió abrir la causa de oficio un día después del apagón, considerando la magnitud del suceso. También la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha declarado que no existen indicios de ciberataques en el operador del sistema eléctrico.
El fallo dejó sin electricidad durante varias horas a gran parte de España y zonas de Portugal, convirtiéndose en el mayor apagón del año en la región. Las conclusiones oficiales se mantienen bajo estricta confidencialidad mientras las autoridades evalúan si existió una acción deliberada contra la seguridad nacional.
La Audiencia Nacional ha decidido prorrogar por un mes más el secreto de sumario en la investigación sobre el apagón masivo del 28 de abril que afectó a millones de personas en la península ibérica. El juez José Luis Calama, encargado del caso, ya cuenta con los informes clave de Red Eléctrica y del Centro Criptológico Nacional, pero aún no se descarta la hipótesis de un sabotaje informático.
Las diligencias siguen bajo reserva judicial ante la posibilidad de que el corte de energía haya sido provocado por un acto de ciberterrorismo que afectó infraestructuras críticas del país. La investigación se ampara en el artículo 573 del Código Penal, que tipifica como terrorismo los delitos informáticos que busquen desestabilizar el orden constitucional o interrumpir servicios esenciales.
Aunque Red Eléctrica ha descartado hasta ahora un ciberataque a sus sistemas, el magistrado Calama decidió abrir la causa de oficio un día después del apagón, considerando la magnitud del suceso. También la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha declarado que no existen indicios de ciberataques en el operador del sistema eléctrico.
El fallo dejó sin electricidad durante varias horas a gran parte de España y zonas de Portugal, convirtiéndose en el mayor apagón del año en la región. Las conclusiones oficiales se mantienen bajo estricta confidencialidad mientras las autoridades evalúan si existió una acción deliberada contra la seguridad nacional.
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