Por : Jorge Reynaldo Amador

Con motivo de la instalación de la Cuarta Legislatura, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta, aseguró que todas las resoluciones del Poder Judicial se hacen “con total independencia, sin presiones de ningún tipo, conscientes, responsables y en base a la Constitución y la ley”.

Argueta se vanaglorió de las poco más de 39,000 sentencias emitidas durante 2020, entre las que se incluyen las de los tribunales de sentencia anti-corrupción, en las cuales son más las absolutorias que las condenatorias.

El titular de la CSJ habló de combatir los hechos indebidos hacia lo externo, pero en ningún momento se refirió al proceso de depuración del sistema judicial. Eso sí, insistió en reclamarle al Congreso Nacional la asignación completa del tres por ciento del presupuesto que le corresponde a ese poder del Estado. 

En sentido opuesto a la visión favorable de Argueta, van en ascenso las denuncias sobre corrupción o actos de negligencia y de dudosa inspiración de distintos juzgados o cortes de apelaciones a nivel nacional.

Uno de esos casos es el denunciado a través de un informe de la Fiscalía de Nueva York, según el cual el capo Geovanny Fuentes Ramírez “sobornó a un juez de alto rango de Honduras para evitar ser investigado, 
limpiarle sus antecedentes penales y detener la acción de las fuerzas del orden”.  

El Juzgado de Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito frenó la solicitud de aseguramiento de al menos 12 bienes a nombre del alcalde capitalino Nasry “Tito” Asfura planteada por la Unidad de Fiscal Especial contra Redes de Corrupción (UFERCO).  

El argumento esgrimido por la jueza es el mismo de siempre en esta clase de decisiones : “… la petición no reúne los requisitos de admisibilidad, pues está planteada de manera incorrecta con fundamentación 
errónea”.Y, por lo consiguiente, se estanca el procedimiento judicial contra Asfura por “el mal uso de más de 28 millones de lempiras de un fideicomiso con fondos de la alcaldía, sobre la base del cual el alcalde libró cheques que depositó en sus cuentas personales, usó documentos públicos falsos y hasta pagó las tarjetas de crédito suyas y de sus hijas”.

En otro penoso escenario, trascendió que la Corte de Apelaciones designada para conocer el caso de corrupción denominado “Arca Abierta” mantiene engavetado el proceso desde hace dos años, no obstante que la UFERCO presentó pruebas de que un grupo de diputados oficialistas ( entre ellos, Milton Puerto, Juan Carlos Valenzuela, Welsy Vásquez y Gladys Aurora López ), malversaron 21 millones a través de una ONG, los cuales depositaron en sus cuentas personales y en las de familiares y terceras personas.

No menos escandalosa es la denuncia de la Supervisión General del Poder Judicial, acerca de que un juez de letras con jurisdicción nacional ha sido denunciado por actos irregulares en más de 50 veces desde que asumió el cargo en 2012 y sigue “tranquilo y sereno” en el ejercicio de sus funciones. 

En ocho años nada ni nadie ha impedido que ese juez siga haciendo de las suyas.

Todos esos antecedentes solo ponen de manifiesto que en los más de diez años de gobiernos del Partido Nacional, el proceso de depuración del sistema judicial hondureño no solo ha quedado incumplido, sino que el virus de la corrupción se ha entronizado como en ninguna otra época en la historia de ese poder estatal. 

De hecho ese proceso es un parto que nació muerto, desde que en 2013 se nombró a un Consejo de la Judicatura que, entre otras de sus funciones, adecentaría el aparato judicial. Sin embargo, sucedió todo lo contrario y esos funcionarios acabaron siendo denunciados y hasta puestos en prisión por corruptos.

El señor Rolando Argueta falta a la verdad cuando sostiene que el Poder Judicial actúa “con total independencia y sin presiones de ningún tipo”, porque en la práctica la justicia hondureña no solo está contaminada por la corrupción, sino que es dependiente del Poder Ejecutivo, está altamente politizada y sectarizada, responde a compadrazgos, no es garante de la seguridad jurídica y, en consecuencia, no goza de la credibilidad del pueblo. 

Febrero 2 de 2021