Dirigente del transporte denuncia fracaso del estado de excepción ante ola de violencia
El dirigente del sector transporte, Wilmer Cálix, expresó este jueves su frustración ante la ineficacia del estado de excepción vigente en Honduras, al señalar que la violencia y la extorsión contra su gremio no solo persisten, sino que van en aumento, sin una respuesta efectiva por parte del Gobierno.
Durante una entrevista en Radio América, Cálix denunció que el rubro ha pagado aproximadamente 250 millones de lempiras en concepto de extorsión en lo que va del año y que se han registrado 28 asesinatos de transportistas a nivel nacional. Afirmó que las medidas implementadas por las autoridades no han tenido el impacto esperado: “Las cifras de muertes y el constante pago de extorsión demuestran que esto no está funcionando”.
Cálix lamentó que, pese a la cercanía del fin del actual mandato presidencial, aún no se vean mejoras significativas en materia de seguridad para los transportistas ni para la ciudadanía. Su denuncia se suma a las críticas de otros sectores que cuestionan la efectividad del decreto ejecutivo PCM 22-2025, el cual prorrogó por vigésima segunda vez el estado de excepción, una medida que según datos oficiales ha reducido los homicidios, pero que también ha coincidido con un incremento en los casos de extorsión y múltiples denuncias por violaciones a derechos humanos.
El dirigente del sector transporte, Wilmer Cálix, expresó este jueves su frustración ante la ineficacia del estado de excepción vigente en Honduras, al señalar que la violencia y la extorsión contra su gremio no solo persisten, sino que van en aumento, sin una respuesta efectiva por parte del Gobierno.
Durante una entrevista en Radio América, Cálix denunció que el rubro ha pagado aproximadamente 250 millones de lempiras en concepto de extorsión en lo que va del año y que se han registrado 28 asesinatos de transportistas a nivel nacional. Afirmó que las medidas implementadas por las autoridades no han tenido el impacto esperado: “Las cifras de muertes y el constante pago de extorsión demuestran que esto no está funcionando”.
Cálix lamentó que, pese a la cercanía del fin del actual mandato presidencial, aún no se vean mejoras significativas en materia de seguridad para los transportistas ni para la ciudadanía. Su denuncia se suma a las críticas de otros sectores que cuestionan la efectividad del decreto ejecutivo PCM 22-2025, el cual prorrogó por vigésima segunda vez el estado de excepción, una medida que según datos oficiales ha reducido los homicidios, pero que también ha coincidido con un incremento en los casos de extorsión y múltiples denuncias por violaciones a derechos humanos.