El subjefe de la bancada del Partido Nacional, Nelson Márquez, se presenta este martes a audiencia inicial junto a otros cuatro imputados, señalados por el Ministerio Público en un presunto caso de corrupción relacionado con demandas ilegales contra el Estado. Márquez enfrenta cargos por fraude, al igual que Juan Fernando Madrid, Caronte Rojas y Eva Vásquez, mientras que el juez Raymond Esaú Gradiz está acusado de prevaricato judicial y Rafael Eduardo Chávez de falsificación de documentos públicos.
El requerimiento fiscal detalla que los imputados habrían drenado más de 3,000 millones de lempiras mediante demandas basadas en un laudo arbitral no homologado por la Corte Suprema de Justicia, este caso se remonta a un contrato adjudicado tras el paso del huracán Mitch en 2000, cuando el Estado contrató a la empresa estadounidense DRC Inc., que subcontrató de forma presuntamente irregular a NAINSA.
En 2020, Márquez, entonces secretario de Sedecoas, emitió un informe legal que recomendaba firmar un acuerdo ejecutivo con NAINSA para evitar una "erogación mayor", un mes después, Sedecoas suscribió con la empresa un convenio extrajudicial para el pago de sumas millonarias, al margen de los procesos judiciales vigentes.
En 2022, el juez Raymundo Gradiz admitió otra demanda millonaria contra el Estado, a pesar de que ya se había declarado la nulidad del laudo arbitral; según la acusación, estos actos se desarrollaron en un entorno de incertidumbre política, en vísperas de las elecciones generales del 30 de noviembre.
Además, el fiscal señala irregularidades como la ausencia del representante del Estado en una audiencia clave, quien justificó su inasistencia con un certificado médico cuya validez ha sido cuestionada.
Los cinco imputados cumplirán detención judicial en la Penitenciaría Nacional de Támara, mientras continúa el proceso legal en su contra.
El subjefe de la bancada del Partido Nacional, Nelson Márquez, se presenta este martes a audiencia inicial junto a otros cuatro imputados, señalados por el Ministerio Público en un presunto caso de corrupción relacionado con demandas ilegales contra el Estado. Márquez enfrenta cargos por fraude, al igual que Juan Fernando Madrid, Caronte Rojas y Eva Vásquez, mientras que el juez Raymond Esaú Gradiz está acusado de prevaricato judicial y Rafael Eduardo Chávez de falsificación de documentos públicos.
El requerimiento fiscal detalla que los imputados habrían drenado más de 3,000 millones de lempiras mediante demandas basadas en un laudo arbitral no homologado por la Corte Suprema de Justicia, este caso se remonta a un contrato adjudicado tras el paso del huracán Mitch en 2000, cuando el Estado contrató a la empresa estadounidense DRC Inc., que subcontrató de forma presuntamente irregular a NAINSA.
En 2020, Márquez, entonces secretario de Sedecoas, emitió un informe legal que recomendaba firmar un acuerdo ejecutivo con NAINSA para evitar una "erogación mayor", un mes después, Sedecoas suscribió con la empresa un convenio extrajudicial para el pago de sumas millonarias, al margen de los procesos judiciales vigentes.
En 2022, el juez Raymundo Gradiz admitió otra demanda millonaria contra el Estado, a pesar de que ya se había declarado la nulidad del laudo arbitral; según la acusación, estos actos se desarrollaron en un entorno de incertidumbre política, en vísperas de las elecciones generales del 30 de noviembre.
Además, el fiscal señala irregularidades como la ausencia del representante del Estado en una audiencia clave, quien justificó su inasistencia con un certificado médico cuya validez ha sido cuestionada.
Los cinco imputados cumplirán detención judicial en la Penitenciaría Nacional de Támara, mientras continúa el proceso legal en su contra.
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