Este jueves, se dictó un auto de formal procesamiento con medidas sustitutivas a la prisión contra los exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Honduras: Rina Alvarado, Wilfredo Méndez y Reinaldo Hernández, por el delito de prevaricato judicial.
Los acusados deberán defenderse en libertad tras pagar una caución de 5 millones de lempiras cada uno en el caso de Alvarado y Méndez, y 10 millones en el de Hernández.
El Ministerio Público los acusa de emitir una resolución irregular que eximió a dos instituciones bancarias de pagar más de 159 millones de dólares, a pesar de que la Sala de lo Civil de la CSJ no tenía competencia para conocer el caso.
Esta resolución ha tenido un impacto significativo en el sector privado, afectando especialmente a la empresa Green Development Corporation (GDC), principal afectada por esta decisión.
GDC ha estado luchando en los tribunales durante más de 16 años debido a una inversión en Roatán, Islas de la Bahía. La empresa, conformada por un grupo de inversionistas nacionales y extranjeros, tenía como objetivo desarrollar un ambicioso proyecto turístico que prometía transformar la economía local. Sin embargo, el fallo judicial ha causado graves perjuicios a la compañía, que ha denunciado la ilegalidad de la resolución ante las autoridades.
Los analistas coinciden en que este caso no solo afecta a GDC, sino también a la imagen internacional de Honduras, al ahuyentar inversiones en un momento crítico para el país.
En tal sentido, la ciudadanía hondureña espera que prevalezca la justicia, conforme a un Estado de Derecho, y que este caso contribuya a restaurar la confianza en el sistema judicial hondureño.
La resolución del proceso será determinante para evaluar la seguridad jurídica del país y su capacidad para atraer inversiones extranjeras, vitales para el desarrollo económico de Honduras.
Este jueves, se dictó un auto de formal procesamiento con medidas sustitutivas a la prisión contra los exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Honduras: Rina Alvarado, Wilfredo Méndez y Reinaldo Hernández, por el delito de prevaricato judicial.
Los acusados deberán defenderse en libertad tras pagar una caución de 5 millones de lempiras cada uno en el caso de Alvarado y Méndez, y 10 millones en el de Hernández.
El Ministerio Público los acusa de emitir una resolución irregular que eximió a dos instituciones bancarias de pagar más de 159 millones de dólares, a pesar de que la Sala de lo Civil de la CSJ no tenía competencia para conocer el caso.
Esta resolución ha tenido un impacto significativo en el sector privado, afectando especialmente a la empresa Green Development Corporation (GDC), principal afectada por esta decisión.
GDC ha estado luchando en los tribunales durante más de 16 años debido a una inversión en Roatán, Islas de la Bahía. La empresa, conformada por un grupo de inversionistas nacionales y extranjeros, tenía como objetivo desarrollar un ambicioso proyecto turístico que prometía transformar la economía local. Sin embargo, el fallo judicial ha causado graves perjuicios a la compañía, que ha denunciado la ilegalidad de la resolución ante las autoridades.
Los analistas coinciden en que este caso no solo afecta a GDC, sino también a la imagen internacional de Honduras, al ahuyentar inversiones en un momento crítico para el país.
En tal sentido, la ciudadanía hondureña espera que prevalezca la justicia, conforme a un Estado de Derecho, y que este caso contribuya a restaurar la confianza en el sistema judicial hondureño.
La resolución del proceso será determinante para evaluar la seguridad jurídica del país y su capacidad para atraer inversiones extranjeras, vitales para el desarrollo económico de Honduras.
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