Por Fernando Fortin M.

Ha pasado un mes desde las elecciones generales y Honduras sigue discutiendo, acusando y minimizando  como si la campaña no hubiera terminado. El proceso electoral concluyó por la vía institucional, pero el clima político, social y emocional continúa abierto, cargado y tenso. No es una buena señal, ni para la democracia, ni para la economía, ni para la convivencia básica entre hondureños.

Cuando una elección se define por márgenes estrechos, es natural que surjan inconformidades, tales como revisar, auditar y exigir explicaciones, acciones que forman parte de cualquier sistema democrático, sin embargo, también existe un punto en el que los procesos se cierran formalmente y el país debe pasar a otra etapa. Persistir indefinidamente en el conflicto, una vez agotados los cauces institucionales, no fortalece la democracia, por el contrario, la desgasta.

Honduras parece estar atrapada justamente ahí. Las autoridades electorales concluyeron el proceso conforme al marco legal vigente, pero el debate público sigue girando como si no hubiera desenlace posible. Esa prolongación no es neutra sino que tiene efectos reales: paraliza decisiones, deteriora la confianza ciudadana y normaliza la idea de que ningún resultado es definitivo, de que todo puede reabrirse si el ruido es suficiente.

Por esa razón, conviene mirar no solo el fondo de las inconformidades, sino la forma en que se expresan. Cuando el discurso político descansa de manera reiterada en la desconfianza estructural hacia las instituciones y en la apelación constante a la calle como mecanismo de validación, se activa un patrón que Honduras conoce bien. Ese patrón no es abstracto ni teórico. En la experiencia política reciente del país ha sido característico del partido Libertad y Refundación y de su entorno, especialmente en escenarios donde los resultados electorales no le han sido favorables.

Decir esto no es negar derechos ni desacreditar la protesta pacifica como herramienta democrática. Se debe reconocer que ese método ha tenido consecuencias claras: polarización, desgaste institucional y una confrontación permanente que impide cerrar etapas. El hecho que esa lógica reaparezca hoy, incluso bajo otros discursos o vocerías, no la vuelve aceptable ni deseable, sino más bien confirma los riesgos de normalizar una forma de hacer política que sustituye las reglas por la presión constante.

A este ambiente contribuye también lo que podría llamarse la judicialización mediática del conflicto. En las últimas semanas hemos visto comparecencias públicas, entrevistas y entregas simbólicas de audios ante el Ministerio Público, difundidas en redes sociales como supuestas pruebas para anular la elección. Más allá del impacto emocional que puedan generar, conviene ser claros y responsables: el orden constitucional hondureño distingue con precisión entre irregularidades puntuales y el proceso en su conjunto.  Nuestra legislación permite impugnar, revisar o anular actas, mesas o resultados específicos cuando se acreditan irregularidades concretas, pero no habilita la anulación general de una elección completa.

Confundir deliberadamente esas figuras no produce efectos jurídicos reales, pero sí efectos sociales muy concretos: genera expectativas irreales, mantiene viva la idea de que todo está en suspenso y profundiza una polarización que termina agotando a la ciudadanía. Honduras no puede seguir viviendo en un estado de campaña permanente.

En este escenario, el Partido Liberal enfrenta una responsabilidad que va más allá de la coyuntura. Tras una elección altamente competitiva, con un respaldo ciudadano significativo, recuperó peso político real que no solo otorga derechos; impone deberes. Uno de ellos es actuar como factor de estabilidad en un contexto de fragmentación y tensión.

Desde esa lógica, es legítimo que el Partido Liberal aspire a disputar la presidencia del Congreso Nacional. No como como botín político, sino como ejercicio de representación y equilibrio democrático en el ejercicio del poder para el bien común. En un Congreso fragmentado, la presidencia del Legislativo no es un premio simbólico, sino una herramienta clave para garantizar deliberación, control político y gobernabilidad. Renunciar a ese papel por miedo a la confrontación o por presión externa, como en el pasado, sería abdicar de una responsabilidad que el propio peso parlamentario justifica.

Ahora bien, esa aspiración solo puede sostenerse si se conduce con método y seriedad, y bajo ningún punto mediante alianzas opacas, ni bajo la lógica de enemigos comunes, ni mediante la amenaza permanente de movilización sino de manera institucional, transparente, con reglas claras y con una agenda pública que priorice la estabilidad democrática por encima de la ventaja coyuntural.

También corresponde una reflexión sobre el rol de Libre. Haber obtenido alrededor del veinte por ciento de los votos no es irrelevante, pero tampoco otorga licencia para sustituir la representación parlamentaria por la presión constante desde la calle. La protesta es un derecho constitucional, y convertirla en mecanismo recurrente de negociación política es otra cosa. Cuando los desacuerdos legislativos se trasladan sistemáticamente al terreno de la confrontación social, el mensaje implícito es que el sistema solo es válido cuando favorece a quien protesta.

Que, a un mes de las elecciones, Honduras siga instalada en este clima no habla bien de nadie en particular. Habla de un país aún confrontado consigo mismo, de una democracia que compite, pero no logra cerrar sus procesos, de liderazgos que, en lugar de contribuir a la descompresión, terminan reproduciendo la tensión.

La verdad  sin dramatismos es que las decisiones institucionales emanadas del proceso electoral deben asumirse como punto de partida, no porque sean cómodas, sino porque son necesarias. La estabilidad democrática no se construye prolongando indefinidamente la disputa, sino aceptando que el desacuerdo también tiene límites.

Esto no significa olvidar, callar ni renunciar a reformas. Significa entender que gobernar y convivir exige algo más que ganar o perder elecciones: exige responsabilidad con el país real, con la gente que trabaja, que produce y que está cansada de vivir en tensión permanente.

El dilema que enfrenta Honduras hoy ya no es electoral, es decidir si seguimos atrapados en la confrontación constante o si somos capaces de cerrar ciclos y avanzar. La estabilidad no es una concesión entre partidos; es una obligación con el país. Competir con firmeza es legítimo, vivir eternamente disputando la legitimidad del sistema no lo es.

Pasar página no es rendirse. Es hacerse cargo.

(VoxPopuliHN)