Defensores exigen condena de la CorteIDH contra Honduras por el asesinato de Leonela Zelaya
Representantes legales y organizaciones de derechos humanos pidieron este martes a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) que condene a Honduras por discriminación y negligencia en la investigación del asesinato de Leonela Zelaya, mujer trans asesinada en 2004 en Comayagüela.
Angelita Baeyens, representante de la víctima y de la organización Robert F. Kennedy Human Rights, afirmó que el Estado es responsable por el transfemicidio de Leonela porque incumplió su deber reforzado de prevención y no investigó con la diligencia necesaria. Según Baeyens, las autoridades conocían el riesgo al que estaba expuesta la víctima, pero no tomaron medidas para prevenirlo.
Leonela Zelaya, de 34 años en el momento de su muerte, era trabajadora sexual, vivía con VIH y fue detenida y torturada por agentes policiales en múltiples ocasiones, según denuncia la demanda presentada contra el Estado. El caso fue cerrado en 2018, alegando que se trató de un intento de robo cometido por otra mujer trans, una versión que ha sido ampliamente cuestionada por organizaciones LGBTI y de derechos humanos.
La coordinadora de la Red Lésbica Catrachas, Indira Mendoza, subrayó que este incidente no fue un caso aislado, sino parte de una estructura de persecución y violencia sistemática contra personas sexogénero diversas en Honduras, donde, según sus datos, 546 personas LGBTI han sido asesinadas desde 2004.
Por su parte, el procurador general de Honduras, Manuel Antonio Díaz, reconoció parcialmente la responsabilidad del Estado en la vulneración de derechos de la víctima, pero negó que esto implicara responsabilidad directa por la pérdida de la vida de Leonela, calificándola de acto criminal aislado. Díaz puntualizó que las investigaciones identificaron a la persona autora, aunque admitió que no se realizaron en un plazo razonable.
Las partes involucradas deberán entregar sus alegatos finales por escrito en el plazo de un mes, y la CorteIDH se pronunciará en los siguientes meses, lo que podría marcar un precedente en la protección de los derechos de las personas LGBTI en la región.
Representantes legales y organizaciones de derechos humanos pidieron este martes a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) que condene a Honduras por discriminación y negligencia en la investigación del asesinato de Leonela Zelaya, mujer trans asesinada en 2004 en Comayagüela.
Angelita Baeyens, representante de la víctima y de la organización Robert F. Kennedy Human Rights, afirmó que el Estado es responsable por el transfemicidio de Leonela porque incumplió su deber reforzado de prevención y no investigó con la diligencia necesaria. Según Baeyens, las autoridades conocían el riesgo al que estaba expuesta la víctima, pero no tomaron medidas para prevenirlo.
Leonela Zelaya, de 34 años en el momento de su muerte, era trabajadora sexual, vivía con VIH y fue detenida y torturada por agentes policiales en múltiples ocasiones, según denuncia la demanda presentada contra el Estado. El caso fue cerrado en 2018, alegando que se trató de un intento de robo cometido por otra mujer trans, una versión que ha sido ampliamente cuestionada por organizaciones LGBTI y de derechos humanos.
La coordinadora de la Red Lésbica Catrachas, Indira Mendoza, subrayó que este incidente no fue un caso aislado, sino parte de una estructura de persecución y violencia sistemática contra personas sexogénero diversas en Honduras, donde, según sus datos, 546 personas LGBTI han sido asesinadas desde 2004.
Por su parte, el procurador general de Honduras, Manuel Antonio Díaz, reconoció parcialmente la responsabilidad del Estado en la vulneración de derechos de la víctima, pero negó que esto implicara responsabilidad directa por la pérdida de la vida de Leonela, calificándola de acto criminal aislado. Díaz puntualizó que las investigaciones identificaron a la persona autora, aunque admitió que no se realizaron en un plazo razonable.
Las partes involucradas deberán entregar sus alegatos finales por escrito en el plazo de un mes, y la CorteIDH se pronunciará en los siguientes meses, lo que podría marcar un precedente en la protección de los derechos de las personas LGBTI en la región.
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