Luego de que el gobierno de la presidenta Xiomara Castro retomara el tema de la Ley de Justicia Tributaria, cuya aprobación fue anunciada a finales de enero, salen a la luz algunos casos en los que urge que la normativa se aplique de manera rigurosa.
Según el gobierno, Honduras requiere una nueva política fiscal orientada a la transparencia, la equidad y el combate a la corrupción, ya que hasta el momento, la realidad es otra.
Este viernes 10 de marzo, el titular del Servicio de Administración de Rentas (SAR), Marlon Ochoa, reveló que existe un grupo económico compuesto por 16 empresas, cuyos activos rondan los 11 mil millones de lempiras en activos totales y 6 mil millones de lempiras en ingresos que no paga impuesto y nunca ha declarado.
Ochoa amplió que en el 2021, este grupo de compañías de un empresario que sería de la zona norte del país, "recbió 524 millones de lempiras en exoneraciones y sus empresas apenas pagaron 19 millones de lempiras en impuestos y él como persona natural y beneficiario de esta empresa pagó cero", debido a la existencia de un régimen que permitió y legalizó este comportamiento fiscal.
En ese sentido, el funcionario mencionó que la Ley de Justicia Tributaria busca detener los abusos en los regímenes de exoneraciones, mayor justicia tributaria sin afectar al que menos tiene, y evitar ser declarado paraíso fiscal.
"No es justo que en Honduras los excluidos por el modelo económico sean los que sostengan económicamente a aquellos que los excluyeron, no es justo que el país esté siendo mantenido por las víctimas del modelo económico, esta ley busca corregir la enorme desigualdad en materia tributaria que tenemos hoy en día", manifestó Ochoa.
Días atrás, mediante una publicación en su cuenta de Twitter, Marlon Ochoa aseguró que la Ley de Justicia Tributaria "es un paso histórico para detener los abusos de las exoneraciones; asegurar que pague más impuestos quien más gana; y evitar que nuestro país sea declarado Paraíso Fiscal”.
Sin embargo, la aplicación de dicha Ley, ha generado el descontento de la empresa privada, que ha calificado la propuesta de eminentemente populista y trasnochada” que evidencia que quienes la elaboraron desconocen cómo funciona una empresa para generar impuestos.
Mientras del lado del gobierno, aseguran que la Ley de Justicia Tributaria busca frenar los abusos sin nuevos impuestos y prioriza la transparencia público privada.
Luego de que el gobierno de la presidenta Xiomara Castro retomara el tema de la Ley de Justicia Tributaria, cuya aprobación fue anunciada a finales de enero, salen a la luz algunos casos en los que urge que la normativa se aplique de manera rigurosa.
Según el gobierno, Honduras requiere una nueva política fiscal orientada a la transparencia, la equidad y el combate a la corrupción, ya que hasta el momento, la realidad es otra.
Este viernes 10 de marzo, el titular del Servicio de Administración de Rentas (SAR), Marlon Ochoa, reveló que existe un grupo económico compuesto por 16 empresas, cuyos activos rondan los 11 mil millones de lempiras en activos totales y 6 mil millones de lempiras en ingresos que no paga impuesto y nunca ha declarado.
Ochoa amplió que en el 2021, este grupo de compañías de un empresario que sería de la zona norte del país, "recbió 524 millones de lempiras en exoneraciones y sus empresas apenas pagaron 19 millones de lempiras en impuestos y él como persona natural y beneficiario de esta empresa pagó cero", debido a la existencia de un régimen que permitió y legalizó este comportamiento fiscal.
En ese sentido, el funcionario mencionó que la Ley de Justicia Tributaria busca detener los abusos en los regímenes de exoneraciones, mayor justicia tributaria sin afectar al que menos tiene, y evitar ser declarado paraíso fiscal.
"No es justo que en Honduras los excluidos por el modelo económico sean los que sostengan económicamente a aquellos que los excluyeron, no es justo que el país esté siendo mantenido por las víctimas del modelo económico, esta ley busca corregir la enorme desigualdad en materia tributaria que tenemos hoy en día", manifestó Ochoa.
Días atrás, mediante una publicación en su cuenta de Twitter, Marlon Ochoa aseguró que la Ley de Justicia Tributaria "es un paso histórico para detener los abusos de las exoneraciones; asegurar que pague más impuestos quien más gana; y evitar que nuestro país sea declarado Paraíso Fiscal”.
Sin embargo, la aplicación de dicha Ley, ha generado el descontento de la empresa privada, que ha calificado la propuesta de eminentemente populista y trasnochada” que evidencia que quienes la elaboraron desconocen cómo funciona una empresa para generar impuestos.
Mientras del lado del gobierno, aseguran que la Ley de Justicia Tributaria busca frenar los abusos sin nuevos impuestos y prioriza la transparencia público privada.
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