En un nuevo golpe contra la libertad de expresión en Nicaragua, las fuerzas de seguridad del régimen de Daniel Ortega se encuentran en las inmediaciones de la redacción del diario El Confidencial.
“Demandamos respeto a nuestros periodistas. Rechazamos una nueva amenaza de asalto y confiscación. No nos callarán. Seguiremos haciendo periodismo”, alertó en sus redes sociales Carlos Chamorro, director de este medio.
Y agregó: “Gracias por su solidaridad. Nuestras oficinas están rodeadas por las tropas antimotines. Demandamos respeto a la integridad física de nuestros colegas. Exigimos el retiro de la Policía”.
Este jueves más temprano, el régimen de Nicaragua, a través del Ministerio de Gobernación, informó que abrió una investigación contra la aspirante a la Presidencia por la oposición y periodista Cristiana Chamorro Barrios, hija de la ex mandataria nicaragüense Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997) y hermana de Carlos Chamorro, por presunto lavado de dinero.
La investigación contra la comunicadora y aspirante presidencial se da a menos de seis meses que se celebren las elecciones generales, en las que Ortega, en el poder desde el 2007, busca una nueva reelección.
El Ministerio de Gobernación indicó que la investigación contra Chamorro Barrios es en su calidad de directora ejecutiva de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, dedicada a la protección y promoción de la libertad de prensa y de expresión, y cargo al que ella renunció en enero pasado.
“La Fundación ‘Violeta Barrios de Chamorro para la Reconciliación y la Democracia’ incumplió gravemente sus obligaciones ante el Ente Regulador y del análisis a los Estados Financieros período 2015-2019 se obtuvieron claros indicios de lavado de dinero”, sostuvo el Ministerio de Gobernación, en una nota de prensa.
Esa cartera agregó que “ha informado al Ministerio Público para (abrir) la investigación correspondiente”, y citó a Chamorro Barrios, de 67 años, así como a Walter Antonio Gómez Silva y Marco Antonio Fletes Casco, representante, administrador financiero y contador general de la Fundación, respectivamente, “para responder por las inconsistencias encontradas en los reportes financieros período 2015-2019”.
En un nuevo golpe contra la libertad de expresión en Nicaragua, las fuerzas de seguridad del régimen de Daniel Ortega se encuentran en las inmediaciones de la redacción del diario El Confidencial.
“Demandamos respeto a nuestros periodistas. Rechazamos una nueva amenaza de asalto y confiscación. No nos callarán. Seguiremos haciendo periodismo”, alertó en sus redes sociales Carlos Chamorro, director de este medio.
Y agregó: “Gracias por su solidaridad. Nuestras oficinas están rodeadas por las tropas antimotines. Demandamos respeto a la integridad física de nuestros colegas. Exigimos el retiro de la Policía”.
Este jueves más temprano, el régimen de Nicaragua, a través del Ministerio de Gobernación, informó que abrió una investigación contra la aspirante a la Presidencia por la oposición y periodista Cristiana Chamorro Barrios, hija de la ex mandataria nicaragüense Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997) y hermana de Carlos Chamorro, por presunto lavado de dinero.
La investigación contra la comunicadora y aspirante presidencial se da a menos de seis meses que se celebren las elecciones generales, en las que Ortega, en el poder desde el 2007, busca una nueva reelección.
El Ministerio de Gobernación indicó que la investigación contra Chamorro Barrios es en su calidad de directora ejecutiva de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, dedicada a la protección y promoción de la libertad de prensa y de expresión, y cargo al que ella renunció en enero pasado.
“La Fundación ‘Violeta Barrios de Chamorro para la Reconciliación y la Democracia’ incumplió gravemente sus obligaciones ante el Ente Regulador y del análisis a los Estados Financieros período 2015-2019 se obtuvieron claros indicios de lavado de dinero”, sostuvo el Ministerio de Gobernación, en una nota de prensa.
Esa cartera agregó que “ha informado al Ministerio Público para (abrir) la investigación correspondiente”, y citó a Chamorro Barrios, de 67 años, así como a Walter Antonio Gómez Silva y Marco Antonio Fletes Casco, representante, administrador financiero y contador general de la Fundación, respectivamente, “para responder por las inconsistencias encontradas en los reportes financieros período 2015-2019”.
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